Antes del 30 de octubre la FeNaPES deberá definir una posición respecto a la firma de un convenio salarial basado en el pre-acuerdo firmado el pasado 30 de junio entre los sindicatos de la CSEU y el CODICEN de la ANEP. Los plazos establecidos en el propio pre-acuerdo constituyen un elemento relevante para que la FeNaPES pueda transitar la discusión sin apremios en relación a los plazos, permitiendo la posibilidad de estudio en profundidad de los alcances de la fórmula de ajuste salarial, estableciendo los espacios de discusión democrática en cada una de las filiales y, finalmente, la definición de una posición.
En ese sentido, entendemos importante desterrar la idea de que las cosas ya están definidas o que la firma del preacuerdo es de carácter antidemocrático. Firmar el mismo tras una tensa y compleja negociación es lo que permite que se desarrolle un proceso de discusión de todos los sindicatos, en todos los espacios. Tenemos por lo tanto la posibilidad de tomar una decisión informada, que derive de un proceso, y no de un acto reflejo que reaccione ante algunos elementos contenidos en el preacuerdo, sino ante la globalidad del mismo y el contexto.
Analizar el preacuerdo en su contexto:
Un elemento de análisis ineludible es explicitar cómo se llega a la firma del preacuerdo. Luego de dos años en los que la negociación salarial, en términos sustantivos, no existió, la tendencia para esta Rendición de Cuentas era similar y el gobierno continuaba sosteniendo el mecanismo de recuperación de la pérdida salarial prevista en la Ley de Presupuesto en su artículo 4. Entre otros aspectos, proponía ajustar según el indicador “índice medio de salarios del gobierno central”, y no del IPC como históricamente se ha hecho, afectando directamente a todos los y las trabajadoras. Fueron las movilizaciones de diversos sectores de actividad durante el mes de junio, en particular la gran marcha nacional educativa del día 15 de junio -en la perspectiva del gran paro general desarrollado el 7 de julio- los elementos fundamentales para que el gobierno debiera revisar su posición. Dicho de otro modo, fue con movilización que logramos quebrar las pautas salariales del gobierno.
Asimismo, es importante destacar que esta propuesta también expresa las tensiones a la interna de la coalición gobernante, estableciendo como posible masa salarial millones de pesos que de otra forma irían a la reforma “transformación educativa” impulsada por Robert Silva y el Poder Ejecutivo. A raíz de estas propias tensiones, lo que no vaya para masa salarial se utilizará finalmente para una reforma educativa, que implica un gran retroceso en términos históricos para el conjunto de nuestro pueblo.
En ese marco, la perspectiva es y deberá seguir siendo la movilización, de miles, en el marco de nuestra Federación y los demás sindicatos que componen la CSEU. Fue de esta forma que enfrentamos el recorte presupuestal, que incluía la rebaja salarial pero también la reducción en puestos de trabajo, inversión en infraestructura y gastos de funcionamiento. También movilizados fue que militamos contra la pérdida de derechos adquiridos, contra el deterioro de las condiciones de trabajo y contra la persecución sindical. Y de ese modo deberemos seguir, enfrentando la reforma inconsulta que el gobierno pretende imponer y por todo lo que nos queda por defender y conquistar.
La firma del convenio no puede concebirse como el corolario del conflicto que nuestra Federación viene desarrollando contra el proceso de ajuste presupuestal, pedagógico y de derechos del gobierno. Por el contrario, la firma de un convenio salarial que nos permita terminar este período de gobierno en un nivel salarial prácticamente equivalente al del inicio del mismo, constituye una condición de posibilidad para orientar todas nuestras fuerzas hacia luchas que serán urgentes y de carácter estructural.
Sobre el preacuerdo en sí mismo:
Algunas señales brindadas por algunas tendencias de nuestro sindicato ponen sobre la mesa la posibilidad de tener que discutir el pre-acuerdo a la brevedad. Cabe destacar que no acordamos con esa forma de proceder y, como ya planteamos, pretendemos salir de la próxima asamblea con la resolución de generar un conjunto de talleres y debates que nos permitan tomar la decisión más informada y democrática posible, con el conjunto de los y las afiliadas comprendiendo a cabalidad los elementos del pre-acuerdo. Hay meses de potencial trabajo para ello.
Sin embargo, estas señales nos obligan a incorporar algunos puntos para el debate de un preacuerdo que, aunque no incorpora la totalidad de nuestros planteos, establece algunos importantes avances en materia de las reivindicaciones que históricamente se han planteado desde nuestro sindicato.
*Salario:
El preacuerdo (que se refleja también en el proyecto de ley, y será votado solamente si es firmado por los sindicatos, y el pre-acuerdo firmado con la ANEP) implica un ajuste salarial en relación al IPC (rompiendo la primera pauta del gobierno que pretendía cambiar el indicador) y un incremento de recuperación por encima del mismo. A saber: “ajustarán las remuneraciones de sus funcionarios en un 0,8% (cero con ocho decimos por ciento) el 1º de enero de 2023, un 1% (uno por ciento) el 1º de enero de 2024 y un 1% (uno por ciento) el 1º de enero de 2025, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre del 2020”.
De esta forma, si la inflación es la esperada, nos encontraremos con una recuperación salarial que al final del período nos coloca por encima del salario de 2020, por supuesto, no siendo retroactivo y por lo tanto no recuperando todos los meses perdidos. Dicho incremento salarial se puede representar en la siguiente gráfica, que establece cuál sería el ajuste anual (a enero) con o sin la firma de este preacuerdo
Habiéndonos encontrado con la preocupación al respecto de que el preacuerdo no incluye una cláusula para el caso de que la inflación esté por encima de lo esperado, cabe destacar la última parte del artículo, que reafirma lo planteado en la ley de presupuesto de 2020. Es decir: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre del 2020”.
Es necesario, por lo tanto, remontarnos a dicha ley: “Si el resultado financiero del sector público previsto en el Presupuesto 2020 – 2024 no se cumpliera o si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores a la adecuación salarial fuere superior al 12% (doce por ciento), el Poder Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público previsto en el artículo 11 de la Ley N° 18.508, a los efectos de compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar.” Esto implica que si la inflación se dispara, el gobierno convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva, e indudablemente colocará a todo el movimiento sindical, en particular los públicos en pie de lucha para, por lo menos, empatar la inflación.
*Inequidades e incrementos especiales:
Nuestro sindicato tiene una lista de reivindicaciones históricas que se vinculan a lo salarial pero no se vinculan a los ajustes específicos: las inequidades de los cargos de docencia indirecta, y la reconfiguración de la pirámide salarial.
En ese sentido, producto del arduo trabajo de la CSEU de presupuestación de las inequidades, la movilización de miles y la negociación, se establece una partida de 286 millones de pesos para cubrir las inequidades de los cargos de docencia indirecta. Es decir, a aquellos adscriptos que con cargos de 33 horas hasta hoy se les paga 31,5, se les pasará a pagar todo el horario. Del mismo modo con los cargos de 24 (adscripción y laboratorios, actualmente 22,5).
Al respecto de la reconfiguración de la pirámide salarial, también se establece un incremento para Directores, Subdirectores e Inspectores (con una distribución a negociar), que podría implicar la no pérdida salarial cuando se pasa de docencia directa en grados altos a cargos de dirección. Esto dependerá, por supuesto, de la lucha y la negociación.
*Cláusula de paz
Quizás el término más adecuado para la misma debería ser “cláusula de prevención de conflictos”. Si bien a priori nunca nadie quiere firmar una cláusula que establezca ningún tipo de limitante a la movilización, cabe destacar dos elementos al respecto:
- La cláusula establece un ámbito de negociación en 72hs en el ministerio de trabajo ante conflictos en relación a lo conveniado. Por lo tanto no se impide realizar ningún tipo de movilización, paro u actividad sindical vinculada a elementos de infraestructura, condiciones de trabajo, reforma educativa, salud laboral, etc. Asimismo, se excluye expresamente las movilizaciones del PIT-CNT y la CSEU en general. En ese sentido, nuestro sindicato podrá movilizarse por todos los temas, incluido salario, en el caso de que se incorpore en plataformas generales de la CSEU.
- La cláusula establece exactamente lo mismo que en 2015. Y la misma no nos ha impedido en ningún punto parar o movilizarnos.
Algunas consideraciones finales:
Indudablemente, la firma del convenio no agotará nuestras reivindicaciones salariales. La rebaja salarial impuesta por el gobierno en sus dos primeros años de gestión significó un retroceso que, antes de permitirnos avanzar hacia nuestras reivindicaciones salariales históricas nos obligaron a reclamar, en primera instancia, la recuperación de lo perdido. No estamos frente a una conquista salarial, pero sí podemos afirmar que estamos ante el escenario de defender lo conquistado en luchas salariales anteriores. Asimismo, la posibilidad de concretar una reivindicación histórica de nuestro sindicato, como lo es superar las inequidades salariales para adscriptos y preparadores, es sí una conquista relevante que debemos ponderar en su justa medida.
La alternativa a firmar el convenio sería, razonablemente, procurar generar una correlación de fuerzas que nos permita mejorar los que se plasmó en el pre-acuerdo. Con las múltiples luchas que tenemos por delante y ante la posibilidad de quedar aislados en la pelea salarial, consideramos que la viabilidad de esa opción es prácticamente nula. Los sindicatos públicos agrupados en COFE ya alcanzaron un acuerdo salarial y es altamente probable que varios sindicatos de la CSEU ratifiquen el pre-acuerdo, por lo que la alternativa sería intentar conquistar entre y para pocos lo que no se pudo entre miles, lo que consideramos táctica y metodológicamente un error.
Por todo lo expresado, desde la Lista 1 entendemos que nuestro sindicato debe iniciar un proceso de análisis y discusión de los contenidos del pre-acuerdo, partiendo de la premisa de que en el contexto político que hemos caracterizado la firma de un convenio salarial significará un paso que colocará al sindicato en mejores condiciones ante los desafíos que tendrá por delante, en un escenario de profundización de confrontación con el bloque de poder.
Lista 1 | ADES Montevideo 
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